El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, propuso la pasada semana en Perelada que "si España reclama la recuperación de Gibraltar, Cataluña reclama la recuperación de la cosoberanía o soberanía compartida" que se daba antes de 1714, ya que la pérdida de Gibraltar y de la soberanía catalana son de alguna manera resultado del tratado de Utrecht de 1713: "Si se dice que hay que revisar lo de Gibraltar, nosotros también podemos pedir que se revise más a fondo lo de Cataluña".

El tratado de Utrecht puso fin a la beligerancia entre las potencias europeas enfrentadas por la guerra de Sucesión en España (1702-1714). En el año 1700, el rey Carlos II había muerto sin descendencia. Su testamento fue forzado por Francia a favor de Felipe de Anjou (futuro Felipe V), nieto de Luis XIV. Este hecho provocó el rechazo por parte de varias potencias europeas (Inglaterra, el imperio austriaco, Holanda, Portugal y algunos estados alemanes) que, reunidas en torno a la gran alianza de La Haya, se pronunciaron a favor del archiduque Carlos de Austria como descendiente del trono de Castilla y Aragón. La razón principal fue el temor europeo al fortalecimiento del eje franco-español en manos de los Borbones.

Aunque Felipe de Anjou juró las Constituciones en Barcelona (1702), poco a poco fue extendiéndose en el Principado una corriente de simpatía hacia el pretendiente austriaco. Primero, porque el modelo borbónico era básicamente absolutista y centralista, mientras que el de los Austrias era de "soberanía compartida y compuesta", tal como se había venido ejerciendo en la Corona de Aragón desde la baja edad media. De hecho, eran dos modelos políticos y territoriales opuestos. Mientras el borbónico era absolutista y unitarista, el austracista era constitucionalista de corte "federal". Otra razón era que Cataluña había vivido en el último tercio del XVII un periodo de dinamización en la producción agraria y en la actividad comercial de la burguesía. Esta revitalización económica estaba en competencia con los franceses y se temía que la familia borbónica desequilibrara el statu quo.

En 1705, una comisión de ciudadanos catalanes pactó en Génova el alineamiento de Cataluña con la gran alianza a cambio de que Inglaterra se comprometiera a proveer de armas y soldados al Principado y a hacer cumplir al archiduque las leyes y constituciones catalanas, extendiendo esta garantía incluso en el caso de que los Borbones ganaran la guerra. En 1706, el archiduque Carlos entraba triunfalmente en Barcelona y las Cortes catalanas le reconocían como rey. Felipe V consideró el hecho como una traición.

La guerra tuvo diversos avatares para uno y otro bando. Pero en 1711 moría el padre del archiduque, el emperador Leopoldo I, y aquél accedía al trono del imperio austriaco, lo que significó un giro inesperado en la estrategia de equilibrios europea. Los aliados temieron que se rehiciera el antiguo imperio de Carlos I, e Inglaterra y Holanda cesaron el envío de tropas a Cataluña. Además, la llegada al poder de los "tories", partidarios de una paz económicamente ventajosa, como lo era la oferta de Felipe V de cederles el derecho de establecimientos de negros en América, hizo el resto.

En 1713 se firma el tratado de Utrecht por el que Inglaterra impone sus tesis en el equilibrio europeo, frenando el expansionismo francés y conservando Menorca y Gibraltar, pero abandonando a su suerte a sus aliados del Principado, lo que dio pie a una polémica que se conoció en Europa como el caso de los catalanes. El archiduque, que rechazó la posibilidad de que Cataluña acudiera a Utrecht como "nación interesada", propuso que se le concedieran los cuatro reinos de la corona catalano-aragonesa o, incluso, establecer una república catalana bajo protección inglesa. Pero el primer ministro británico, Bolingbroke, lo rechazó y se limitó a pedir una amnistía general, con restitución de bienes y honores. El artículo 13 del tratado hace constar el interés inglés a favor de los privilegios catalanes, mientras que Felipe V promete dar a los catalanes la misma consideración que a los castellanos, en una ambigua redacción. Una vez ocupada Barcelona (1714) y terminada la guerra, las instituciones catalanas (Corts, Generalitat, Consells Municipals y la Coronela) fueron abolidas con el decreto de Nueva Planta. Los bienes de nobles y militares fueron confiscados, los eclesiásticos fueron privados de sus cargos, las fortalezas derribadas, las universidades cerradas, la lengua prohibida, etcétera.

La polémica sobre el caso de los catalanes duró años en Europa. Una comisión creada en Londres propuso la condena del primer ministro Bolingbroke por incumplir los acuerdos con los catalanes, "lo que embrutece el buen nombre de Inglaterra". Durante buena parte del siglo XVIII y aún en el XIX, algunos historiadores recuerdan la mala conciencia inglesa y en tratados británicos de la época se pone a Cataluña como ejemplo de "pactismo muy desarrollado y parlamentarismo muy enraizado y avanzado". El desaparecido Ernest Lluch recordaba poco antes de su asesinato, al historiador británico Henry Kamen, que Inglaterra "tiene todavía una deuda pendiente con Cataluña".