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* 5 de marzo de 1942, Sevilla, provincia de Sevilla, comunidad autónoma de Andalucía.

1. Líder de la oposición a caballo entre dos regímenes
Hijo de un tratante de ganado miembro del sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT), y segundo de cinco hermanos, la relativamente desahogada situación económica de la familia le permitió cursar el bachillerato en el colegio de los Padres Claretianos de Sevilla y el preuniversitario en el Instituto San Isidoro. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla y en 1965, un año antes de licenciarse, asistió a un curso de Economía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. A su vuelta a España abrió un bufete especializado en litigios laborales, lo que le permitió conocer de primera mano los problemas de los trabajadores.

Al principio militante de las Juventudes Universitarias de Acción Católica y de las Juventudes Obreras Católicas, de inspiración democristiana, en 1962 se afilió a las Juventudes Socialistas y dos años después ingresó en el partido Socialista Obrero Español (PSOE), que estaba prohibido en España desde 1939 y cuyos dirigentes históricos operaban en el exilio. Su actividad se desarrolló, por tanto, en la clandestinidad, y en 1971 fue detenido por haber participado en manifestaciones contrarias al régimen dictatorial del general Francisco Franco.

Durante un tiempo, González combinó la práctica legal con la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. En 1969, de regreso de uno de sus viajes solapados a Francia, contrajo matrimonio en Sevilla con Carmen Romero, hija de un coronel médico del Ejército, profesora de instituto y futura diputada socialista, con la que tendría tres hijos, Pablo, David y María.

González fue miembro entre 1965 y 1969 del comité provincial del PSOE en Sevilla, de 1969 a 1970 del Comité Nacional y a partir de 1970 de la Comisión Ejecutiva. Participó en el XXV Congreso del partido celebrado en Toulouse en agosto de 1972 como miembro de la Ejecutiva en el interior (existía una Ejecutiva en el exilio), y en octubre de 1974 en el XXVI Congreso celebrado en Suresnes fue elegido primer secretario del partido en sustitución de Rodolfo Llopis Ferrándiz.

En aquella ocasión, el sector histórico del partido, integrado por los veteranos del exilio, fue arrinconado por los renovadores que encabezaba el joven González, conocido por sus camaradas como Isidoro, quien se presentó con el apoyo de la mayoría de los militantes residentes en España y el patrocinio de las máximas figuras de la socialdemocracia europea, como el italiano Pietro Nenni, el sueco Olof Palme y el alemán Willy Brandt.

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, González pasó a liderar una parte de la oposición democrática al frente de la Plataforma de Convergencia Democrática, que en marzo de 1976 se fusionó con la Junta Democrática de España que animaba el dirigente comunista Santiago Carrillo Solares. Legalizado en febrero de 1977, el PSOE concurrió a las primeras elecciones democráticas, constituyentes, del 15 de junio de 1977 y se colocó, con el 29,2% de los votos y 118 escaños, como la segunda fuerza política por delante del Partido Comunista (PCE), su rival por la izquierda, en un sorpasso que sería definitivo y que constituyó un trasvase masivo del denominado voto útil.

En estos años como líder de la oposición, González presentó un discurso antiatlantista, y su antagonismo parlamentario al Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) presidido por Adolfo Suárez González, que no gozaba de la mayoría absoluta, fue tan duro que contribuyó decisivamente a su caída. En el campo ideológico propio, González insistió en la necesidad de eliminar la doctrina marxista del PSOE y de convertirlo en un partido moderno e interclasista, homologable a la socialdemocracia europea, la cual, por su parte, le respaldó nombrándole vicepresidente de la Internacional Socialista (IS) el 7 de noviembre de 1978.

Derrotada su ponencia en el XXVIII Congreso del partido el 16 de mayo de 1979, González presentó la dimisión, pero en septiembre del mismo año un congreso extraordinario le eligió secretario general con el 85,9% de los votos. La victoria de González fue total con la remoción del marxismo del programa político del partido.

2. Triunfo electoral del PSOE y apuesta por el cambio
Consolidado como la alternativa de poder en las legislativas del 1 de marzo de 1979 (30,5% de los votos y 121 diputados), el PSOE obtuvo una victoria arrolladora en la edición del 28 de octubre de 1982 con el 48,4% de los votos y 202 diputados. El vuelco del panorama político español -doblemente histórico, pues, además del descalabro de la UCD, nunca antes un partido de izquierda había recibido tantos votos en solitario- supuso para el PSOE el regreso al poder ejecutivo que había ocupado por última vez al final de la guerra civil.

González fue investido por el Congreso de Diputados el 1 de diciembre, el día 2 prestó juramento ante el rey Juan Carlos I y el 3 formó su gabinete, en el que destacaron varios exponentes de la intelligentsia del partido con un sólido bagaje universitario.

La llegada al Gobierno de los socialistas despertó en amplios sectores de la sociedad española esperanzas de cambios a todos los niveles (justamente, González resumía en ese término, El Cambio, el proyecto que encarnaba), en un país que en numerosos aspectos permanecía atrasado, pero también temores entre los votantes conservadores por las decisiones radicales que pudieran adoptar. No obstante, aparte algunas acciones de signo izquierdista en los primeros meses de su mandato, González no tardó en moderarse, tanto en el discurso como en la práctica.

En el campo social, el país experimentó grandes progresos, como la multiplicación de oportunidades educativas y la dotación de un amplio sistema de seguridad social, teniendo como referencia el modelo del Estado del bienestar característico de otras latitudes. Jalón de la modernización -aunque mejorable- para las asociaciones feministas, decisión aciaga para los grupos pro vida y la Iglesia Católica, constituyó, el 5 de julio de 1985, la despenalización parcial del aborto mediante Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, que autorizaba esta práctica en centros públicos o privados en los supuestos criminológico, eugenésico y terapéutico.

En 1983 se acometieron con mano firme una traumática reconversión industrial y otras reformas estructurales, que González consideraba ineludibles para la modernización del país. Aquel año el Gobierno expropió por decreto (23 de febrero) el holding empresarial Rumasa, en situación de quiebra, como fórmula temporal para preservar los ahorros bancarios de los depositarios y los 60.000 puestos de trabajo. Medida espectacular y polémica, la oposición parlamentaria del centro y la derecha la cubrió de críticas no tanto por el fondo como por el procedimiento.

Poco después (6 de julio) comenzó la reestructuración de la siderurgia integral, con los consiguientes despidos laborales, que hicieron un fiasco de la promesa hecha por el líder socialista de crear 800.000 puestos de trabajo en la primera legislatura. La aparente contradicción anidaba en los planes del Gobierno, que sostenía que para crear o mantener empleos antes había que sacrificar otros.

El control la inflación, que alcanzaba el 14,6% a finales de 1982, constituyó un objetivo confeso desde el primer momento que quedó a las claras tras el pronto abandono de las políticas estatalistas. Siguiendo la pauta de los socialistas franceses, González fue decantándose por un pragmatismo promercado que intentaba salvaguardar los intereses liberales con los sociales, lo que le granjeó la confianza del gran capital y la patronal. Esta última, que venía pregonando que sin podas en el déficit público y los tipos de interés y sin la flexibilización del mercado de trabajo no vendrían inversiones ni se crearía empleo, accedió a firmar el Acuerdo Económico y Social con el Gobierno y los sindicatos cuando apreció que el primero estaba asumiendo lo esencial de sus tesis.

Si bien la macroeconomía funcionaba, pasando el quinquenio 1985-1989 por una fase de crecimiento expansivo con inflación moderada y entrada masiva de capitales extranjeros atraídos por los elevados tipos de interés, los sindicatos entendieron que aquello se hacía a costa del bolsillo o el puesto del trabajador, además de poner en cuestión observadores terceros el carácter verdaderamente productivo de ese crecimiento.

En la segunda mitad de la década de los ochenta, diversos colectivos que se sentían atacados por las reformas del Gobierno protagonizaron una fuerte conflictividad social. El descontento laboral desembocó en las huelgas generales, convocadas por las principales centrales sindicales (incluida la UGT) del 20 de junio de 1985, contra la reforma legal de la Seguridad Social, y la más masiva del 14 de diciembre de 1988, contra el Plan de Empleo Juvenil y las revisiones a la baja de los salarios de los funcionarios, que paralizó el país por primera vez desde 1934.

Para las organizaciones sindicales y la oposición a la izquierda del PSOE, la política del Gobierno de González era cada vez más favorable a los empresarios, lo que hacía muy difícil aceptar sus propuestas de concertación social.

3. Relanzamiento internacional
En el plano exterior, los gobiernos de González confirieron el impulso definitivo a la apertura iniciada por los primeros gobiernos democráticos. La diplomacia española en este período adoptó un estilo no especialmente distintivo y, antes bien, buscó la normalidad y rechazó el unilateralismo.

Se establecieron relaciones diplomáticas con Israel el 17 de enero de 1986, pero este acercamiento, con todo el simbolismo histórico que entrañaba, no mermó la tradicional simpatía por la causa árabe: el 14 de agosto del mismo año la OLP de Yasser Arafat vio reconocido el estatus diplomático para la oficina que tenía abierta en Madrid desde 1977. Esta singular dualidad fue reconocida con la celebración en Madrid, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 1991, de la histórica Conferencia que puso en marcha el proceso de paz en Oriente Próximo.

También se fortalecieron los vínculos con Marruecos, firmando González en Rabat el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación el 4 de julio de 1991, y con América Latina, destacando una implicación muy importante en el proceso de paz para Centroamérica desde la aparición del Grupo de Contadora y el arranque de las cumbres iberoamericanas anuales, cuya segunda edición se celebró en Madrid el 23 de julio de 1992.

Por lo que respecta a Estados Unidos, la voluntad de entendimiento quedó expuesta el 20 de abril de 1983, dos meses antes del primer viaje oficial de González a Washington, con la ratificación del pacto bilateral de Amistad y Cooperación, firmado por primera vez en 1953. En los años siguientes se renegociaron, con dificultades por el debate público sobre la pertenencia a la OTAN (desde el 30 de mayo de 1982), los tratados militares vigentes, que concluyeron con una disminución importante de la presencia militar estadounidense en España.

Durante la crisis de Kuwait (1990-1991) González ejerció como un aliado sólido de la superpotencia, enviando buques de guerra al dispositivo naval que vigilaba el embargo internacional a Irak y cediendo las instalaciones de Morón de la Frontera y Torrejón de Ardoz a los bombarderos estratégicos camino del país árabe, aunque no por ello dejó de objetar aspectos de la táctica de la ofensiva aérea contra el poderío de Saddam Hussein, en particular la asunción de daños colaterales.

Al cabo de varios meses de ambigüedad y vacilaciones, González recicló un acendrado discurso del partido y pasó a defender vigorosamente la permanencia en la OTAN en las condiciones del ingreso en 1982 (participación normal en las instancias civiles y castrenses de la Alianza, pero fuera de la estructura militar integrada, reservándose el Gobierno español el control operativo de sus tropas en caso de movilización), que la consideraba inseparable de su proyecto de inserción del país en las estructuras europeas.

La cuestión, debatida cuando la Guerra Fría todavía determinaba las relaciones internacionales y las polémicas acaloradas sobre los euromisiles y el pacifismo neutralista recorrían Europa Occidental, obtuvo el 52,5% de los votos favorables (aunque con una abstención del 40,2% del censo) en el referéndum del 12 de marzo de 1986, el cual polarizó a la opinión pública y corrió el riesgo de convertirse en un plebiscito sobre el Gobierno. De hecho, años después González consideraría esta consulta como "el mayor error" de su etapa presidencial.

En relación con lo anterior, una labor de gran importancia aunque opaca para el público, fue la reforma del Ejército, conducida sin estridencias y con habilidad por el ministro de Defensa, Narcís Serra i Serra. Iniciada ya en la etapa ucedista y facilitada ahora por la moderación ideológica del PSOE y de González, la promoción del apoliticismo y la profesionalización de los mandos acabaron definitivamente con el espectro golpista y, en un sentido general, con la tradición de inmiscuirse en los asuntos extramilitares, que había durado casi dos siglos.

Pero la piedra angular de la política exterior de González fue la adhesión de España a las Comunidades Europeas (CEE), firmada el 12 de junio de 1985 y efectiva el 1 de enero de 1986. Todos los gobernantes del país habían perseguido con ahínco desde 1977 un ingreso en el que veían el remedio a la marginación secular de España en el concierto económico y político de las potencias vecinas. Desde la primera presidencia semestral del Consejo, de enero a junio de 1989, hasta la segunda, de junio a diciembre de 1995, el peso específico de España y la influencia de González en la Unión Europea (UE) fueron parejos a su adscripción a las tesis más europeístas.

En la etapa de González España participó por primera vez en operaciones militares en el exterior con carácter humanitario y pacificador (Namibia, Centroamérica, Kurdistán y, desde 1992, Bosnia-Herzegovina), con crecientes asunción de responsabilidades y número de tropas implicadas. Además de con los países limítrofes -Francia, Portugal y Marruecos-, los gobiernos socialistas institucionalizaron con cumbres regulares las relaciones con Italia y Alemania.

Helmut Kohl agradeció el gesto de González de apostar por la unificación después del derrumbe del Muro de Berlín (en Madrid se recordaba la actitud en igual medida del canciller, contrastada con las reluctancias francesas, con respecto a la aspiración comunitaria española) con un respaldo decisivo a la hora de negociar el reparto de las ayudas y subvenciones de la UE. Desde que se convirtió en socio comunitario, las relaciones con Francia, resentidas por los santuarios en suelo galo de los que ETA había gozado hasta entonces y la disputa por los mercados agrícolas, adquirieron una dimensión de cooperación a todos los niveles.

Las relaciones con el Reino Unido discurrieron por un vericueto igualmente positivo que hizo posible el 5 de febrero de 1985 el restablecimiento de las comunicaciones, bloqueadas por Franco en 1969, entre España y Gibraltar. A cambio, Londres se comprometió a discutir con Madrid el futuro de su última colonia en territorio europeo, si bien cuando González salió del Palacio de la Moncloa once años después no se había avanzado en nada que relativizara la soberanía británica sobre el peñón.

A finales de 1995, en el último tramo de su mandato, brilló especialmente el protagonismo exterior de González: Madrid fue el escenario de la firma de la Nueva Agenda Transatlántica con Estados Unidos (3 de diciembre), del Consejo Europeo que aprobó el nombre de euro para la futura moneda común europea (15 y 16 de diciembre) y del Acuerdo Interregional con el MERCOSUR (15 de diciembre), mientras que Barcelona acogió la I Conferencia Euromediterránea (27 y 28 de noviembre).

4. Un declive crispado bajo la sombra de la corrupción
El PSOE obtuvo el 44% del voto y 184 diputados en las elecciones del 22 de junio de 1986, y el 39,6% y 176 en las del 29 de octubre de 1989. Pasados siete años desde su llegada al Ejecutivo, González y el PSOE registraban una merma electoral sensible, natural por el desgaste del ejercicio del poder.

Pero a partir de 1990, una sucesión sin precedentes de escándalos de corrupción protagonizados por conocidas figuras pertenecientes al partido o vinculadas a él desde la administración pública y la empresa privada, aceleró aquella tendencia. Tras los fastos del año emblemático de 1992, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y las celebraciones del V Centenario del Descubrimiento de América, que vocearon al mundo los grandes avances experimentados por España en la década socialista, vino una resaca que prenunciaba nuevos y profundos sinsabores.

Por una parte, el país se sumergió en una grave crisis económica por la fatal conjunción de una moneda débil (devaluación acumulada del 13% en el tipo de cambio central de la peseta en el Sistema Monetario Europeo por los ataques especulativos de septiembre de 1992 y mayo de 1993), un crecimiento estancado o negativo (en 1993 hubo una recesión del 1% del PIB) y el aumento desbocado del desempleo (con 3'5 millones de parados a finales de 1993, el país presentaba la tasa de desocupados sobre población activa más alta de Europa Occidental), si bien 1994 trajo una leve recuperación y el año terminó ya con un crecimiento de la economía del 2%.

Al mismo tiempo, afloraron las diferencias entre González y Alfonso Guerra González, vicesecretario general del PSOE y vicepresidente del Gobierno, en los que se le tenía por la eminencia gris y el cabeza del ala izquierda, bien asentada en el aparato del partido. Estrecho colaborador y compañero de viaje de González desde los años sesenta, Guerra dimitió como vicepresidente del Gobierno el 12 de enero de 1991 por el tráfico de influencias practicado por su hermano Juan en la delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aunque el público apuntó a irreconciliables diferencias con González, tanto ideológicas como de organización interna del partido.

Las acusaciones por los comunistas agrupados en la plataforma Izquierda Unida (IU) y los sindicatos mayoritarios de derechización y de liberalismo a ultranza, calaron en el PSOE, en cuyo seno se articularon ostensiblemente dos sectores de difícil punto de encuentro: el guerrista, partidario de preponderar las esencias socialdemócratas, y el renovador, que decía favorecer la autocrítica y la apertura a la sociedad del partido y que tenía un enfoque más pragmático de los principios del libre mercado.

Entre los renovadores se situaban el liberal Carlos Solchaga Catalán, ministro de Economía y Hacienda (no renovado por González en su séptimo Gobierno, el ulterior a las elecciones de 1993), Narcís Serra, sustituto de Guerra en la Vicepresidencia del Gobierno, y, no tan perfiladamente como los anteriores, Javier Solana Madariaga, ministro de Asuntos Exteriores y futuro secretario general de la OTAN. El XXXIII Congreso del partido, en marzo de 1994, se saldó con un pacto de conveniencia que aseguró a la acosada familia guerrista, desalojada ya del Gobierno, una cuota sustancial en la Comisión Ejecutiva y demás órganos federales, pero las espadas siguieron en alto.

Los escándalos se sucedieron sin desmayo a partir de 1992, alcanzando la cascada de revelaciones explosivas de un sector hostil de la prensa, comparecencias parlamentarias, dimisiones, arrestos, juicios, encarcelamientos y hasta fugas al extranjero, cotas que esperpento nacional. Hasta el final de la etapa socialista, sólo miembros del Gobierno en ejercicio tuvieron que dimitir seis, al cuestionarse de diversa manera su persona o su gestión:

En enero de 1992, el ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Valverde, involucrado en una presunta compraventa irregular de terrenos por la compañía nacional de ferrocarriles, RENFE; en noviembre de 1993, el ministro del Interior, José Luis Corcuera Cuesta, después de que el Tribunal Constitucional anulara un artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana; en abril de 1994, el sucesor del anterior, Antoni Asunción Hernández, por la fuga de la justicia del ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, acusado de diversos delitos de corrupción; en mayo de 1994, el ministro de Agricultura, Vicente Albero Silla, al descubrirse que tenía una cuenta opaca al fisco gestionada por el banco de inversiones Ibercorp (eje de un gran escándalo que también colocó en desgracia al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio); y en junio de 1995, el vicepresidente Serra y el ministro de Defensa Julián García Vargas, en asunción de sus responsabilidades políticas por el escándalo de las escuchas ilegales del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), la agencia de inteligencia española.

En realidad, los casos de corrupción sobrepasaron el ámbito del PSOE y salpicaron a otros partidos, incluido el principal de la oposición, el Popular (PP), organismos y administraciones del Estado, poniendo en tela de juicio al conjunto de instituciones.

A los presuntos o probados delitos de financiación ilegal del partido y de enriquecimiento personal, de los que González aseguro haberse "enterado por la prensa" pese a que tocaron de lleno al partido, como fue el caso de la trama en torno a la empresa de asesoramiento Filesa (denunciada como una tapadera para el cobro de fondos ilícitos presentados como facturas por servicios), se sumaron diversas revelaciones que apuntaban a altos cargos públicos del PSOE como responsables de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

En apariencia estrechamente relacionados con las fuerzas de seguridad del Estado, entre 1983 y 1987, años en que arreciaba la ofensiva terrorista de ETA, los GAL perpetraron diversos atentados mortales contra particulares sospechosos de pertenecer a la citada banda, lo que dio lugar a actuaciones judiciales y detenciones de mercenarios extranjeros y agentes de la Policía española.

Por lo que se refiere al desafío del terrorismo de ETA, bajo González se desarrollaron las únicas conversaciones formales en la etapa democrática con la organización independentista vasca, en Argel. Los contactos produjeron un alto el fuego unilateral de la banda en enero 1989, pero en abril siguiente ETA, aferrada a una postura maximalista, volvió a los asesinatos y el Gobierno cerró filas con los partidos democráticos en el marco del pacto antiterrorista.

La caída de la cúpula etarra en el sur de Francia en marzo de 1992, que expresó la nueva actitud sin ambages de las autoridades galas ante el fenómeno del terrorismo vasco, principió una serie de golpes policiales que debilitaron poderosamente aunque no acabaron con una organización tan proclive a la huida enloquecida hacia delante como capaz de regenerar sus estructuras una y otra vez.

El PSOE perdió la mayoría absoluta en las elecciones del 6 de junio de 1993 al obtener el 38,6% de los votos y 159 diputados. González se vio obligado a pactar con los partidos nacionalistas moderados que regían en Cataluña y el País Vasco para asegurar la gobernabilidad en Madrid, lo que a los ojos del electorado del Estado acentúo su debilidad. A la tercera huelga general del 20 de mayo de 1992 en protesta por el denominado "decretazo", que reducía la duración y la cuantía de las prestaciones por desempleo, siguió una cuarta el 27 de enero de 1994, esta vez contra el profundo cambio normativo en la ordenación del mercado de trabajo.

El clima político se enrareció extraordinariamente en el bienio 1994-1995 y del mismo sacó un gran capital el PP de José María Aznar López, quien desde que en 1990 sustituyera al veterano Manuel Fraga Iribarne al frente de la antigua Alianza Popular (AP), venía desplazando hacia el centro ideológico, el mismo centro vacante por las desintegraciones de los partidos de Suárez (la UCD en 1983 y luego el Centro Democrático y Social, CDS), a una formación durante años muy escorada a la derecha.

En la cuarta legislatura, González, acosado desde múltiples frentes, encajó mal las imputaciones de conocer y tolerar las numerosas irregularidades financieras cometidas en su entorno y las consiguientes exigencias de dimisión. Adoptó una nerviosa actitud de resistencia a ultranza, harto alejada de la pugnacidad y la brillantez dialéctica de antaño, y se sustrajo de la contrarréplica o emergió sólo para referirse a una persecución en toda regla de los socialistas por cuenta de periodistas, jueces y elementos políticos conservadores.

Después de que en diciembre de 1994 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (el mismo que años después procesó al ex dictador chileno Augusto Pinochet) reabriera el sumario de los GAL por las incriminaciones del ex comisario José Amedo (que ya cumplía sentencia por el anterior sumario de los GAL) a altos funcionarios del Ministerio del Interior en la época en que los GAL desarrollaron su actividad pretendidamente contraterrorista, González ordenó al ministerio de Justicia que se querellara contra cualquiera que relacionara al Ejecutivo con la extinta organización criminal.

El veterano líder socialista seguía contando con el apoyo irreductible de muchos militantes de toda la vida, pero para la gran mayoría de los votantes captados en la década anterior, que podían ubicarse en esa mayoría del centro sociológico, había perdido su carisma y, peor aún, sobre su forma de dirigir el partido y el Gobierno recaían graves sospechas de deshonestidad. El PSOE fue finalmente derrotado por el PP en las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, si bien sus resultados, el 37,4% de los sufragios y 141 escaños, en absoluto supusieron el hundimiento por muchos augurado. El 5 de mayo Aznar tomó posesión como presidente del Gobierno.

5. Actitudes evasivas y prolongación del ascendiente internacional
En su regreso al papel de líder de la oposición, González, igualmente hábil en dorar con circunloquios un discurso huero como en desarmar al adversario de turno con sólidos argumentos, ofreció un relativamente bajo perfil y pareció confirmar a quienes sostenían que al desprestigiado líder socialista le aburrían las querellas políticas domésticas y prefería la vida internacional, un área en la que se desenvolvía con total seguridad y donde contaba con más unanimidad de criterio sobre su valoración como estadista.

En tal sentido, en 1994 había un elevado consenso entre sus colegas comunitarios sobre su idoneidad para sustituir a Jacques Delors al frente de la Comisión Europea, pero González descartó esta posibilidad, refutando a los que pensaban que no iba a desaprovechar una oportunidad para salir del Gobierno en un momento de extremo agobio interno para entrar por la puerta grande de Europa.

Igualmente, en 1995 tampoco se concretó la especie, alimentada por él mismo con sus insinuaciones, de que podría renunciar a la quinta aspiración presidencial en favor de Solana, el dirigente socialista más valorado, quizá porque el entonces titular de Exteriores fue escogido para suceder al belga Willy Claes en la Secretaría General de la OTAN, lo que habría frustrado la maniobra sucesoria.

A finales de 1998 se reprodujo la situación de 1994 cuando tocó la hora del relevo de Jacques Santer: a pesar de ser propuesto por Portugal y por el propio Delors, González declinó entrar en la lid de candidaturas insistiendo en que no albergaba ambiciones internacionales. Pero en Europa sí se le requería.

En diciembre de 1996 encabezó en Belgrado el equipo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que investigó las denunciadas irregularidades en las elecciones municipales serbias y asumió también labores de mediación entre el Gobierno de Slobodan Milosevic y la oposición. Asimismo, el Grupo de Contacto para la cuestión de Kosovo le designó en marzo de 1998 mediador en nombre de la OSCE y la Unión Europea, pero no llegó a ejercer la misión porque las autoridades de Belgrado le vetaron.

Después de varias advertencias de retirada nunca materializadas, González anunció por sorpresa su renuncia a la Secretaría General del PSOE en el XXXIV Congreso, el 20 de junio de 1997, arrastrando de paso a Guerra. Le sustituyó el entonces portavoz del grupo parlamentario socialista, Joaquín Almunia Amann, un exponente de los renovadores. González no figuró ni en la Comisión Ejecutiva ni en el Comité Federal salidos del congreso, si bien mantuvo el acta de diputado por Madrid que poseía desde 1977.

El 29 de enero 1998 rechazó definitivamente que pudiera ser el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2000 y postuló a Almunia para dicho cometido. No obstante, en las primarias del partido del 24 de abril de 1998 venció José Borrell Fontelles, ex ministro procedente del círculo de Solchaga y partidario de superar el felipismo.

La prolongación de la crisis interna del partido por las dimisiones sucesivas de Borrell como candidato, el 14 de mayo de 1999 -por la investigación judicial contra un colaborador en su etapa de ministro-, y de su sustituto Almunia como secretario general, el 12 de marzo de 2000 -por el fracaso electoral en las legislativas-, confirmó que el súbito retiro de González en 1997 había precarizado el liderazgo socialista por la falta de un delfín o sucesor reconocido. Además, González no desistía de ejercer su influencia sobre las decisiones de la nueva Comisión Ejecutiva, pese a no pertenecer a ella.

De cara al XXXV Congreso, en julio de 2000, González rechazó el puesto honorífico de presidente del partido que le ofreció el candidato a la Secretaría General (y a la postre, ganador) José Luis Rodríguez Zapatero. Antes de y durante el cónclave, considerado decisivo para la recuperación del impulso perdido del partido, González permaneció en un discreto segundo plano, sin apoyar explícitamente a ningún candidato a la Secretario General.

Por otro lado, la condena en julio de 1998 a 10 años de prisión contra el antiguo ministro del Interior, José Barrionuevo Peña, y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, por su implicación en el secuestro de Segundo Marey por los GAL (que por error le tomaron por un activista de ETA), revivió la cuestión de la responsabilidad en este tenebroso episodio de González, al que periodistas y políticos no dudaron en endilgarle la "X" o la cúspide en el organigrama de los GAL, y ello cuando en 1997 el Tribunal Supremo había concluido que no existían pruebas fundadas para incriminarle por esa causa.

González, que compareció como testigo en las vistas del proceso contra sus antiguos subordinados, se aprestó a solidarizarse con los condenados y asumió su asistencia legal en calidad de abogado, suscribiendo los dos recursos de apelación. El ex presidente en más de una ocasión aludió con tono enigmático a la razón de Estado como justificante de determinadas decisiones graves en situaciones críticas, y reiteró la existencia de un supuesto complot político, judicial y periodístico contra los socialistas, con él como supremo objetivo.

6. Aportaciones intelectuales y reconocimientos
González dejó a Almunia la vicepresidencia de la IS en 1999, pero antes la organización le designó responsable de la Comisión sobre Progreso Global, con la misión de redactar un nuevo ideario socialdemócrata en respuesta a la globalización. El texto, visto como una síntesis de la Tercera Vía del británico Tony Blair y el socialismo más clásico del francés Lionel Jospin, sirvió de base para la Declaración que cerró el XXI Congreso de la IS, en París el 8 y 9 de noviembre de 1999. Aparte, ha publicado los libros de conversaciones Un estilo ético, con Víctor Márquez Reviriego (1982), y El futuro no es lo que era, con Juan Luis Cebrián (2001), así como el ensayo breve El Socialismo (1997).

González es miembro de instituciones como la Asociación Japonesa del Bonsai (arte que cultiva) y el Comité Europeo de Orientación Nuestra Europa, así como del Círculo de Montevideo, un grupo de reflexión animado por el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti y que reúne a varios mandatarios americanos y europeos, tanto retirados como en activo, de orientación progresista.

Está en posesión del prestigioso premio Carlomagno, concedido en 1993 en Aquisgrán por su contribución a la unidad europea, el premio Carlos V, concedido en 2000 por la Fundación Academia Europea de Yuste, España, el Collar de la Orden española de Isabel la Católica y la Gran Cruz de Oro al Mérito de la República de Austria, entre otras distinciones. Es asimismo doctor honoris causa por las universidades de Toulouse y Lovaina. En el arranque de siglo su actividad discurre entre la presidencia de la Fundación Progreso Global, con sede en Madrid, la dirección de seminarios y conferencias, y las colaboraciones periodísticas.